Ahora “Un gremio Imbatible” en formato de libro electrónico

Para los que están lejos, para los que no lo compraron porque los están caros, hoy sale a la venta “Un gremio Imbatible” en formato de libro electrónico a menos de la mitad de precio. Se puede adquirir en el sitio web de la editorial Tinta Libre:

Un gremio imbatible - Tapa-01Un gremio imbatible trata sobre los hechos y protagonistas que pusieron en marcha la reconstrucción del gremio de los municipales de la Ciudad de Córdoba, cuando la presente etapa democrática empezaba a despuntar.

El SUOEM conquistó para sus trabajadores casi todo lo que se propuso. En “Un gremio imbatible” hablan los protagonistas que, de distinta filiación política, desempolvan sus propios recuerdos y posicionamientos en aquellos tiempos.

Obviamente, también a Rubén Daniele, quien fue y es el alma mater de este SUOEM quien expone su testimonio, y su concepción de la construcción del poder que el líder sindical fue edificando en estas más de tres décadas al frente de la organización.

Y Julio Ataide hace una aporte necesario sobre el período previo a la intervención militar y en los capítulos siguientes se exponen los hechos, valores y concepciones que formaron parte de ese cóctel que dio nacimiento y permanencia a un gremio, hasta hoy, imbatible.

227Como plus también hoy se pone a la venta en formato de libro electrónico mi anterior libro “El viaje y otros relatos setentistas” que se puede descargar de esta dirección:

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Me autoproclamo presidente (parte de guerra)

golpe en venezuelaAsí dijo Juan Guaidó y asumió como “presidente encargado” de Venezuela. Enseguida nomás llovieron los reconocimientos de los EEUU, de Europa y todas las derechas del continente. También proliferaron los memes y las burlas y aparecieron cientos de proclamados en las redes a cualquier cargo. Esta fantochada de la oposición venezolana y de los países que pugnan por la “libertad y la democracia” contra la “dictadura” de Maduro, más propia del realismo mágico de García Márquez, sería para reírse por mucho tiempo si no fuera algo tan serio como la puesta en marcha de un golpe contra un gobierno legítimamente elegido por su pueblo.
Y es tal la legitimidad y la legalidad de sus actos que por contrapartida ha sido respaldado por una abrumadora mayoría de los países del mundo que tienen su representación en las Naciones Unidas y no responden a los intereses imperialistas de los EEUU. Sin embargo los medios hegemónicos -caso notorio de Colombia- repiten falazmente que “la comunidad internacional” reconoció al fantoche y hasta ahora oscuro y desconocido presidente autoproclamado. Para ellos y toda la derecha del continente “la comunidad internacional” se reduce a EEUU y todos los países subordinados a su geopolítica imperial cada vez mas clara e indisimulada.
No es ocioso repetir algunas cuestiones sobre lo que llaman “dictadura” venezolana. En primer lugar hay que citar a un testigo clave que para nada puede ser reputado como chavista: Jimmy Carter, que hace unos años afirmó que “Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral del mundo” por lo tanto las acusaciones de fraude a las que recurre la oposición son infundadas o al menos no son tan evidentes como las que se sospecha que permitieron la elección de Bush en su momento, ni tan viciadas como las brasileñas con la proscripción de Lula o las de Trump cuyo sistema permite que habiendo tenido dos millones de votos menos que Hillary Clinton haya podido ser presidente. Pero de ellos no dicen nada.
Desde que se puso en marcha la Revolución Bolivariana conducida por Hugo Chávez y hasta el presente se llevaron a cabo más de dos decenas de elecciones, dos de las cuales ganó la oposición y fueron reconocidas. Nada compatible con una dictadura. Todo de acuerdo a lo que manda la Constitución Venezolana consagrada en 1999. Y en la última elección donde por abrumadora mayoría triunfó Maduro y participaron varios partidos de la oposición, hasta se hizo lugar al reclamo de ésta adelantando la fecha. ¿Que clase de dictadura es esta? ¡Dictaduras fueron las de Pinochet, Videla y Somoza, por citar algunos, que si a alguien se le ocurría proclamarse presidente, no duraba dos horas sin ser desaparecido, torturado y luego fusilado!
Se podría decir que al ilegalizar a la Asamblea Nacional, órgano legislativo de Venezuela y controlado por la oposición, el Tribunal Superior de Justicia procedió autoritariamente siguiendo instrucciones del poder ejecutivo. Desde el desconocimiento se puede sospechar eso, pero ¿que queda entonces decir de las persecuciones y encarcelamiento sin pruebas, de políticos opositores en Argentina, Brasil, Ecuador, Chile?. ¿No es acaso parte de la guerra judicial que es la forma que asume la pretensión imperial de los EEUU de volver a controlar su patio trasero?. ¿No es acaso una justicia corrompida al servicio del poder económico la que opera en nuestros países? ¡No se oye padre! dicen como en el cuento.
Estamos en guerra y en Venezuela hay una revolución socialista – a su modo, pero socialista- en marcha y, como dijera el Che Guevara, “si una revolución es verdadera, se triunfa o se muere” por lo que no hay lugar para hacer concesiones que la pongan en peligro. En ese sentido lo que hay que decir es que el chavismo se ha quedado corto. Samir Amin decía, con razón, que para construir-y consolidar-, en los países de la periferia capitalista, una sociedad sustentablemente igualitaria es condición necesaria que el estado-es decir la sociedad- controle la acumulación de capital en función de un proyecto nacional que, en nuestros países, solo puede ser inexorablemente latinoamericano (La desconexión). Esto es, regular la tasa de ganancia y el destino y distribución de los excedentes de la economía, claro está si es que no se avanza en la dirección de la revolución cubana: la expropiación lisa y llana de los medios de producción capitalistas, cosa que sería absolutamente necesaria si la burguesía no acepta que el estado regule la economía y redistribuya la riqueza.
Más allá de los errores, que hoy hasta el mismo Maduro reconoce y de los vicios y dificultades de la Revolución Bolivariana, hoy es, en Latinoamérica, Venezuela, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y ahora México, los países que resisten los designios imperiales de los EEUU en su afán de quedarse con las riquezas de nuestros pueblos. En ese sentido cualquier alternativa que se proponga darle batalla a las derechas del continente y recuperar el manejo del estado para ponerlo al ,servicio del pueblo, debe hoy posicionarse en la defensa de la Revolución Bolivariana, porque de ello depende buena parte de nuestro destino. No habrá ningún proceso popular que pueda darse por fuera de los cambios que se operen en Latinoamérica. En esta cuestión o se está de un lado o del otro. Decir que se quiere la paz y la democracia en Venezuela y se reconoce a Guaidó como presidente, es convalidar la estrategia intervencionista de los EEUU y fortalecer el ciclo de derecha en el subcontinente. Esto es lo que han hecho en Argentina- al igual que Macri y sus socios neoliberales- Massa, Urtubey y Pichetto, mientras que Schiaretti y otros del Peronismo Federal hicieron silencio- y ya se sabe que el calla otorga- mientras critican hipócritamente al gobierno de Cambiemos y se proponen como una alternativa. En realidad representan el continuismo, la sumisión a los intereses imperiales y la miseria para la mayoría de los argentinos.
No puede haber unidad ni acuerdo sin definir con claridad esta cuestión. El próximo gobierno nacional y popular en Argentina, deberá gobernar con el pueblo organizado y en la calle, así como la mayoría de los venezolanos están defendiendo su revolución, y avanzar en la destrucción del poder oligárquico para que nunca más vuelvan a conculcar los derechos y a destruir los sueños de los argentinos. Sin esas medidas y esa vocación de poder, los doce años del kirchnerismo serán solo un buen recuerdo y una frustración más.

Alberto Hernández

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El Ser o no Ser de Unidad Ciudadana en Córdoba

angeloz1Con la entrada en calor por el calendario electoral en la provincia de Córdoba, han saltado al tapete discusiones que no sorprenden por remanidas, pero que han llegado por estos días a ponerse al rojo vivo.
Abundan los que analizan la política con la superficialidad futbolera. Tiene que ganar River para que no gane Boca o viceversa, como si eso cambiara algo en este mediocre fútbol argentino que es puro negocio.
Esta discusión del kirchnerismo cordobés sobre si no haciendo alianza con el anticristinista Schiaretti le entregamos la provincia al PRO, como si de esa situación dependiera la suerte de los cordobeses, y más aun de los argentinos, es un espejo de aquéllas opciones futboleras. Pululan por las redes las etiquetas de “socialdemocratas” o “progres” a quienes nos oponemos a cerrar filas con un peronismo claudicante y pilar del poder neoliberal.
Lo primero que habría que volver a decir es que la suerte de los argentinos depende de que podamos conformar el más amplio frente antineoliberal para que se vayan Macri y su banda. Por lo que de quien se quede con el gobierno en Córdoba, no gravitará sustancialmente en la elección nacional que va a requerir de otro armado electoral. Si gana Cambiemos, Macri podrá montarse sobre el resultado electoral de su provincia preferida y vaticinar que es un anticipo de su triunfo en octubre. Si gana UPC, Schiaretti se verá refrendado en su afán de dar disputa electoral con el Peronismo Federal, junto a Urtubey, Pichetto, Massa, Bossio y otros, dividiendo el frente opositor y colaborando así con Macri como lo han venido haciendo apoyando sus políticas de ajuste. A no ser que se avengan a dirimir candidaturas y programas con el kirchnerismo en las PASO, opción que todavía no aparece en las filas de los “peronistas perdonables”.
Desde el punto de vista de lo que pueden esperar los cordobeses de un gobierno, nada va a cambiar. Desde los albores de esta etapa democrática han gobernado radicales y pejotistas al servicio de los mismos intereses, dándole continuidad a políticas neoliberales más allá de los matices y montando un eficaz aparato clientelar. En ese sentido tanto uno como otros son la misma cosa. Y para salirnos de la discusión del Boca o River vamos a apelar a los datos de la realidad que han marcado la vida de los cordobeses en todos estos años.
Tal vez el símbolo de esa continuidad -además del carácter insular que le dieron ambos a la provincia- y el reconocimiento del fracaso en materia de justicia social, es el homenaje que Schiaretti le hizo a Angeloz por la vigencia del PAICOR.
Este programa que está “…destinado a niños y jóvenes carenciados que asisten a establecimientos educativos. Su objetivo primordial es contribuir a la inclusión y permanencia en el sistema educativo formal y al adecuado crecimiento y desarrollo de la población en edad escolar en situación vulnerable, brindando asistencia alimentaria y propendiendo a mejorar hábitos vinculados a una alimentación saludable”, en el 2016 -según informa el propio sitio web del programa- atendió las necesidades alimentarias de más de 210.000 beneficiarios. Esto quiere decir que al menos esa cantidad de niños no puede alimentarse correctamente en el seno de sus familias y que para retenerlos en el sistema educativo es necesario darles de comer. ¡Menudo éxito celebra este gobierno que ya lleva casi veinte años y no solo no ha podido resolver este problema social sino que lo ha empeorado!
Pero hay datos mas duros y contundentes y sin hablar de la corrupción -de la que nadie está exento-que tuvo una línea de continuidad, desde los escándalos del Banco Social con Angeloz, la compra de votos para la reforma de la constitución provincial y asegurar el tercer período del Pocho, hasta CBI, Odebretch, central de Pilar, y toda la obra pública del período De la Sota-Schiaretti, tiempo en el que la fiscalía anticorrupción hizo la vista gorda y la justicia tuvo encima el pie de un poder feudal de radicales y pejotistas.
Lo determinante a la hora de poner en evidencia la línea de continuidad entre gobiernos radicales y pejotistas en la provincia, es analizar la concepción del estado y su carácter de clase. Quienes son los ganadores y perdedores en sus gestiones. En ese sentido no se puede ignorar el papel rector de la Fundación Mediterránea que desde la dictadura y hasta hoy fue dando letra para el diseño del entramado de negocios de los grupos económicos locales con los gobiernos de turno y de donde se catapultó Domingo Cavallo impulsado por el delasotismo. Y en la misma medida se concibió un aparato estatal propicio para favorecer los negocios privados, sobre todo a partir de la ley de reforma del Estado aprobada por el gobierno de De la Sota popularmente caracterizado como el “menemismo tardío”. Esa reforma incluyó, con el pretexto de ahorrar recursos, la creación de la unicameral y una alquimia de representación que aseguró la mayoría al oficialismo y restringió la participación democrática. La modernización del Estado implicó un avance privatizador, desde la creación de las agencias, verdaderos agujeros negros de recursos y negocios privados, los intentos privatizadores de EPEC-que hoy tal como denuncia Luz y Fuerza está siendo desguazada por las tercerizaciones- y el Banco de Córdoba, impedidos por la lucha sindical; la privatizacion de la recaudación en manos de Kolektor, antes Tecsa – que fue expulsada de la Municipalidad por los trabajadores, en época de Kammerath, otro prohijado por José Manuel; la privatización de los juegos de azar a manos de Benito Roggio, quien también se quedó con Aguas Cordobesas surgida de la privatización del agua por el gobierno radical de Ramón Bautista Mestre. La continuidad es evidente. Mestre le sacó el 82% a los jubilados provinciales- hecho declarado inconstitucional por la justicia- y Schiaretti para no errarle, lo pulverizó por ley. El Estado al servicio de los negocios privados, aun en contra del interés general, como lo indican la casi total destrucción del bosque nativo en la provincia y la contaminación del agua a partir del desarrollo de urbanizaciones y la expansión del cultivo de soja que convirtió a Córdoba en la provincia con mayor superficie cultivada de este cereal. También con un sistema impositivo regresivo que favoreció -y aun hoy lo hace- al gran capital. La estructura de ingresos públicos se fue basando cada vez más en la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, el más regresivo desde el punto de vista social. Mientras que el impuesto inmobiliario, sobre todo el rural, fue perdiendo significación relativa por haberse mantenido sin cambios las bases imponibles, a pesar de la exponencial revaloración de los campos y las propiedades urbanas desde 2002 en adelante.
La continuidad de esta alianza con la patria contratista y el empresariado rural y -en el período pejotista- con cierta parte del sindicalismo cordobés, se expresa en las cifras de distribución del ingreso que hoy puede exhibir este gobierno: Sin grandes variaciones en las últimas décadas, hoy – según un análisis de IDESA- en el Gran Córdoba el 10 por ciento de los hogares más ricos tiene casi 17 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. El 30 por ciento de los hogares con menores ingresos cobija a la mitad de la población pero recibe apenas 10 por ciento de los recursos totales. En la otra punta, está el 10 por ciento de las familias (equivalen al cinco por ciento de la población total) que concentran casi 30 por ciento de la torta de ingresos del Gran Córdoba.
En el último informe de 2018 el CIPPES daba cuenta que en la Provincia de Córdoba la tasa de pobreza en la población de 0 a 17 años alcanza el 47,42%, porcentaje que representa a casi 485 mil niños y adolescentes. La cifra es 5,7 puntos porcentuales superior al dato nacional y ubica a la Provincia tercera entre las provincias con mayor nivel de pobreza después de Santiago del Estero y Corrientes. En cuanto a la indigencia, el porcentaje de niños y adolescentes en situación de indigencia en la Provincia de Córdoba alcanza el 10,13% del total de población de 0 a 17 años (representa a más de 103 mil niños y adolescentes). Es este caso la Provincia de Córdoba se ubica nuevamente tercera entre las provincias con mayores indicadores de indigencia, después de Entre Ríos (donde el indicador alcanzó el 12,36%) y Chaco (11,27%). También ocupa la provincia ese sitial en materia de desempleo: 10% en el Gran Córdoba de acuerdo a los últimos datos del INDEC. Para estas realidades las respuestas son programas de escasas efectividades y que debieran atender la emergencia. Sin embargo se han constituido en permanentes como forma de amortiguar los impactos estadísticos pero que no cambian en lo sustancial la realidad social.
Para la pobreza y la marginalidad hay otras formas de control social: la represión y el gatillo fácil, que en nada tienen que envidiarle a las impulsadas en el orden nacional por la cada vez mas bolsonorizada ministra Bullrich. Y si no, habría que preguntarle a los miles que todos lo años ganan las calles céntricas en la marcha de la gorra. O a los periodistas amenazados. Los muertos que carga bajo sospecha el poder provincial y que obviamente no podrán decir ni pio, a saber Regino Maders, Nora Dalmasso, Marcelo Arias, David Moreno, Fernando Pellico, Franco Amaya y otros, también indican una continuidad mafiosa.
Podríamos seguir enumerando hechos y resultados en materia política y social, respecto del deterioro de la salud pública, la educación, el costo de los servicios y la calidad de vida de la población y que muestran una continuidad en estos años de democracia y también similitudes con el gobierno municipal que desde hace dos períodos ejerce Ramoncito Mestre. El que pretende ser gobernador ahora critica al gobierno provincial por las mismas cosas y argumentos por las que es criticado él por su gestión al frente del municipio. “Sé gual”, diría Minguito.
Quien quiera ahondar más en esta saga de continuidades, similitudes y entramados del poder provincial en la democracia y de lo que se dio en llamar el “partido único cordobés”. podrá con esmero consultar estadísticas, abundantes notas periodísticas, y hasta trabajos de mas de un ensayista, cosa que no podemos hacer en el breve espacio de este artículo.
Volviendo a la disyuntiva que no deja dormir a buena parte del espacio de Unidad Ciudadana, si gana cambiemos la provincia, no podrían empeorar más las cosas para los cordobeses, o sí, porque siempre se puede estar peor, pero con cualquiera de ellos en el gobierno. Desde ese punto de vista, si Unidad Ciudadana no se pone al frente de la más amplia alianza que exprese en Córdoba a los sectores agredidos por las políticas neoliberales y pone en discusión el modelo imperante en estos años de democracia, lo hará otra fuerza y dilapidará lo acumulado virtuosamente en el último tiempo, desanimando y dispersando su tropa que va a ser indispensable para la batalla principal a dar en octubre e impidiendo una vez más a los cordobeses elegir entre proyectos políticos distintos y no entre los que solo buscan quedarse con el aparato del Estado.

Alberto Hernández

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Tirando del Carro. Los sinuosos caminos del frente en Córdoba

pablo_carroLa decisión del gobierno de Schiaretti de adelantar las elecciones, aunque para eso tuvieran que fabricar una ley ad hoc ha puesto a parir a toda la oposición. Se vislumbra un estío agitado y sin vacaciones. El disparo que anuncia la carrera electoral ya ha sido efectuado y en ese pique lógicamente quien tomó la delantera sacando una ventaja de varios cuerpos, fue el oficialismo que, sobre la base de un aceitado y clientelar aparato político y de las obras públicas que ha venido realizando a lo largo de la geografía provincial y pese a los negativos indicadores sociales, pretende volver a ratificar su hegemonía que ya lleva casi veinte años.
El Cambiemos provincial, ya se sabe, se va a montar sobre el importante apoyo que, aunque cada vez menor, todavía conserva en Córdoba el gobierno nacional, porque en la provincia no tiene nada para mostrar incluyendo la desastrosa gestión del ambicioso Mestre en la municipalidad. Menudo cachiquengue tienen para definir candidatos, ya que abundan las pretensiones y la ofuscación. Y para completarla parió el juecismo.
Quien todavía no ha definido una táctica provincial – ya que la estrategia la decide Cristina y Córdoba es una pieza más en ese tablero mayor- es la Unidad Ciudadana provincial. En el marco de la formulación del frente amplio antineoliberal para enfrentar al macrismo, en Córdoba el armado político se complejiza. Una visión tacticista aboga por cerrar filas con Unión por Córdoba para evitar que Cambiemos se alce con el poder provincial, con la consigna de que “no son lo mismo”. En este sentido hay que decir que Schiaretti no se ha preocupado demasiado por diferenciarse y ha dado su apoyo decidido a medidas antipopulares como el recorte a los jubilados y el presupuesto del ajuste y por el contrario sí ha puesto énfasis en demostrar que “no son lo mismo” que el kirchnerismo. Desde esta perspectiva hay que decir que uno u otro gobierno con los matices que siempre hubo, serían la continuidad de la Córdoba conservadora – el famoso partido único cordobés- que por otra parte vienen afirmando tanto radicales como pejotistas desde que despuntó el actual período democrático.
Pero que gane uno u otro tendría una importancia gestual nada desdeñable ya que sería bueno para el macrismo que empezara la carrera hacia la presidencia con un Macri festejando eufóricamente un triunfo en Córdoba y vaticinando que en su provincia preferida empezó a edificarse su reelección. En este sentido punto a favor de los tacticistas.
Claro que el triunfo de esta posición significaría prácticamente la licuación de Córdoba Ciudadana ya que ni siquiera es esperable que, en un virtual acuerdo, UPC respete su caudal electoral en una proporción similar en cargos legislativos y ejecutivos de manera de llegar a tener en su seno alguna incidencia en la orientación de las políticas públicas del futuro gobierno. Y tampoco de asegurar lealtad – o mejor dicho contraprestación- alguna en la disputa contra el macrismo a nivel nacional. Lo ideal sería replicar el modelo de La Pampa, donde se ha conformado el Frente Justicialista que incluye al PJ, al Peronismo Renovador, a Nuevo Encuentro, al Partido Comunista, al partido Humanista y al Frente Patria Grande de Juan Grabois. Pero en Córdoba parece muy difícil. UPC tiene la sartén por el mango y hasta ahora solo ha demostrado que quieren que todos vayan al pie. En ese caso, una vez más, nos encontraríamos en la provincia – como en todos estos años de democracia- dirimiendo electoralmente, no entre distintos proyectos políticos, sino entre quienes se quedan con el aparato del estado y como se reparten los cargos públicos. Por otra parte, los tacticistas hacen mal las cuentas, ya que es poco probable que ese 10% de votos de Córdoba Ciudadana se trasladen automáticamente a UPC y le aseguren un triunfo sobre cambiemos que ya demostró su poderío electoral en las elecciones de medio término. Y aunque UPC considera segura su victoria electoral, es necesario recordar que la política es lo mas alejado de las matemáticas.
Desde la óptica de quienes entendemos que la disputa contra el neoliberalismo es de largo aliento y atada al devenir de los cambios en el marco latinoamericano y mundial, sería suicida liquidar lo acumulado. Es necesario fortalecer una opción capaz de proponerle a los cordobeses una provincia distinta, que rompa con el paradigma neoliberal y que proponga cambios en el sentido de lo que se debatió en el Primer Foro Mundial Para el Pensamiento Crítico. Allí Cristina, Dilma, Alvaro García Linera y otros como Enrique Dussel, instaron a pensar en nuevas claves y a reformular paradigmas. Proponer a la sociedad salirse del corset en el que el pensamiento eurocentrista nos condicionó desde siempre. Poner en debate esa sociedad que queremos, en contraposición al neoliberalismo implica incorporar la potencia subversiva del feminismo, de los reclamos ambientales y de los pueblos originarios; la idea de la naturaleza como sujeto de derecho; la necesidad de cambiar la matriz energética, el perfil productivo y los hábitos de consumo y finalmente liquidar esa idea del subdesarrollo como etapa hacia el mítico desarrollo norteamericano o europeo. Nuestro camino debe ser otro. Otro debe ser el paradigma que nos lleve a una sociedad igualitaria. Ese debate está planteado ahora, cuando el neoliberalismo muestra grietas por todos los rincones y desnuda su esencia inhumana y criminal. Empujado por el impulso del triunfo de AMLO en México, con la continuidad de Evo y su revolución en Bolivia, la movilización de los estudiantes y el pueblo colombiano contra los ajustes del flamante gobierno lacayo del imperialismo, la resistencia de Venezuela y la rebelión popular en Francia que se extiende rápidamente a otros países de Europa, ante la depredación que están provocando en las sociedades y la naturaleza los gobiernos neoliberales en el mundo que devienen fascistas como en Brasil, cuando ya no hay como domeñar a los pueblos en lucha.
Sería sano para la democracia y para el futuro de los cordobeses que alumbrara algo nuevo, rupturista, transformador, que pusiera todas estas ideas sobre la mesa. En ese sentido la apuesta de Unidad Ciudadana debería ser la misma que en el orden nacional: conformar un frente con todas las fuerzas que se opongan al neoliberalismo y al estado represor y al servicio de las clases dominantes. En esa dirección apunta la ya lanzada – desde algunos sectores- candidatura de Pablo Carro, que viene descollando en la Cámara de Diputados de la Nación y recorriendo la provincia y es por otra parte quien mejor representa esta idea. Habría que ver también que quiere hacer Tomás Méndez quien en la última disputa por la capital hizo excelente elección y que viene desempeñando desde su espacio ADN una importante tarea en esto de poner en evidencia la naturaleza depredadora del gobierno macrista.

Alberto Hernández

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Colombia: la lawfare contra Petro

PetroLa Corte Constitucional de Colombia decidió que son pertinentes en el caso de Gustavo Petro dos leyes del 2000 y 2002 que impiden que personas con condenas fiscales puedan acceder a funciones públicas. Por su parte el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, que tiene dos condenas -suspendidas por medidas cautelares- por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital, reaccionó denunciando la intencionalidad política de esos fallos: “Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo ocho millones de votos y casi llega a la presidencia”.
Al igual que las persecuciones a Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, la derecha continental utiliza a una justicia aliada de las clases dominantes para sacar del medio a quienes pueden disputarle el poder. Ya no apelan a los golpes militares para defender sus privilegios de clase sino a una sociedad entre la justicia, medios de comunicación -los servicios del big data- y poder económico y religioso. El resultado es la democracia deshilachada, los pueblos explotados y empobrecidos y los países sometidos a la estrategia geopolítica del gran emperador del norte.
No está mal y es loable que personas condenadas por delitos contra el estado no puedan ejercer cargos públicos. Así debería ser también en Argentina -y en todo el mundo- donde por esta razón Mauricio Macri no debería haber asumido la presidencia del país con sus 214 causas acumuladas cuando fue titular del gobierno de Buenos Aires y desde antes. Y como dice la magistrada Gloria Ortiz, ponente del “caso Petro”, “se deben mantener esas inhabilidades como una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la mala administración pública.”
Pero en el caso de Gustavo Petro, principal referente de la oposición al gobierno neoliberal de Iván Duque, la persecución empieza en tiempos de su alcaldía, por condenar políticas públicas que desde la óptica de la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, causaron perjuicios patrimoniales al Estado. Una de esas decisiones -y están en curso varias más de la misma índole- por las cuales se lo condena a pagar multimillonaria multa -impagable- y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro, tiene que ver con la estatización de una parte del servicio de recolección de residuos a menores costos operativos, sacándole el millonario negocio a un oligopolio privado que desde hacía más de una década eran parte de lo que se dio en llamar “el carrousel de la basura”. Uno de los socios de esa entente mafiosa era William Vélez Sierra uno de los empresarios más ricos y poderosos de Colombia, ligado al paramilitarismo (1) y uno de los principales aportantes a la campaña de Alvaro Uribe del cual es íntimo amigo. En este caso la Procuraduría advirtió que el alcalde de Bogotá había vulnerado el sacrosanto principio del capitalismo de “libertad de empresa y libre competencia”(2).
El otro caso por el cual ha sido condenado es “por no subir los pasajes de Transmilenio” generando un perjuicio patrimonial a la empresa. De más está decir que esa medida redundó en beneficios a los usuarios que bastante mal e inseguros todavía viajan. Lo que es ineludible decir para poner en claro los intereses que se juegan, es que el 95% de las acciones de esta sociedad anónima es propiedad de veinte familias de Colombia -ligadas en su mayoría al uribismo- y solo un 5% del Estado y seguramente tal decisión impactó sobre las utilidades de los particulares que han tenido ganancias fabulosas en su vida operativa y que son buenos para extraer beneficios pero dejan toda la carga de las inversiones al Estado (3). Esta medida de Petro que se corresponde con la concepción de que el transporte público es un servicio y un derecho y no un negocio, está avalada en casi todos los países del mundo -incluyendo el más privatista, EEUU- que subsidian el sistema de transporte. Este servicio, el de la basura y otros que tienen que ver con la calidad de vida de la población y con el funcionamiento sustentable de la ciudad, no pueden calificarse con la vara de la ganancia empresaria sino por la rentabilidad social y de la economía en su conjunto y deben ser sostenidos por la sociedad y especialmente por los que mas tienen.
Evidentemente se trata de dos concepciones diferentes del Estado y su rol, que para la ortodoxia económica debe ser subsidiario y favorecer los negocios privados que consideran motor de la economía. Para ellos toda inversión social o intervención del Estado en la economía es considerada gasto superfluo y por ende violación de los deberes de funcionario público, mala administración, es decir delito.
¿Pero quienes son los que llevaron adelante y caras visibles de esas acusaciones?: Uno es Alejandro Ordóñez Maldonado, designado hace dos meses por Ivan Duque como embajador de Colombia ante la OEA, antiabortista fundamentalista, opositor al matrimonio igualitario, impulsor de una iniciativa para que en los colegios se restringieran las manifestaciones de afectos, como abrazos, besos o caricias y aficionado a la tauromaquía. Ya tiene varios antecedentes de producir fallos persecutorios con fundamentos políticos, uno de ellos contra Piedad Córdoba, entonces senadora. En 2013 el ultramontano Procurador, por el tema de la basura, destituyó a Petro de la Alcaldía de Bogotá y lo condenó a 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, hecho que fue ratificado por Juan Manuel Santos ordenando su destitución a pesar del requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente la movilización popular y el Tribunal Superior de Bogotá lo devolvieron a la Alcaldía. El otro es Juan Carlos Granados Becerra, hoy investigado por corrupción y hombre de Germán Vargas Lleras devenido uribista. Es indudable la sociedad política de estos personajes con las clases dominantes colombianas y los adversarios políticos de Petro y por ende es legítima la sospecha sobre la intencionalidad de sus fallos. Esos son los mecanismos que ahora utilizan para desembarazarse de quienes pueden cuestionar su poder y perjudicar sus negocios. Buena parte de los jueces se ponen a su servicio y con total impunidad producen fallos ostensiblemente parciales y reñidos con los procedimientos judiciales, como sucede en Argentina, donde no se los ve obrar con tanta diligencia respecto a las muchas causas, con contundentes pruebas, que pesan sobre los funcionarios del gobierno macrista. Y al igual que en Brasil donde el juez Moro será ministro de Bolsonaro, los premian por haber realizado la tarea sucia con ministerios o embajadas como en el caso de Ordóñez.
Uno de los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que la ‘muerte política’ solo podría proceder tras una condena penal. Esto significa que el derecho a ser elegido no podría ser limitado por autoridades administrativas (como la Contraloría o la Procuraduría), pero poco caso le hace la justicia colombiana a los mandatos de los organismos supranacionales, aunque estos configuren obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales suscriptos. De igual modo procedió la justicia jujeña en Argentina -y la Corte Suprema mirando para otro lado- con la ilegal detención de Milagro Sala, primer preso político del régimen de los globos amarillos. La justicia siempre tuvo algo levantada la venda para poder espiar si el que recurre a ella es rico o pobre y como decía Fierro: ” La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”. Ahora es algo más que eso, ya se sacó la venda y ha pasado a ser una pata fundamental que hoy tienen las clases dominantes para seguir sosteniendo sus privilegios encubriendo sus delitos y persiguiendo descaradamente a sus opositores.
Las medidas, aunque apeladas por Gustavo Petro, penden sobre su cabeza y más lo harán en tanto tenga cada vez más posibilidades de disputar la presidencia dentro de cuatro años. Como él mismo lo denuncia, no van por su curul en el senado sino para cerrarle el camino hacia la Casa de Nariño. Cuando fue destituido como Alcalde de Bogotá, el referente de la Colombia Humana, apeló a la movilización popular, fundamental para su restitución en el cargo; ahora vuelve a hacerlo con la consigna #LaCurulDePetroEsMiCurul. Y ese es el camino. Tanto en Colombia, como en Brasil o Argentina, el protagonismo popular, la organización y la movilización – tal como hoy lo están haciendo los estudiantes en defensa de la educación publica colombiana- son y serán fundamentales para resistir las políticas neoliberales y retomar el camino hacia la construcción de sociedades más justas, solidarias y con verdaderas democracias.

Alberto Hernández

(1) El Pulso HN 

(2)Las 2 Orillas

(3)Desde Abajo

 

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Colombia: Ivan Duque ¿ingenuo o falaz? Segunda Nota. La unidad para enfrentar la corrupción.

corrupción
En la primera nota sobre la nueva etapa abierta por la asunción de Duque como presidente de Colombia, advertíamos sobre la posibilidad cierta de que hubiera mentido en campaña sobre lo que realmente pensaba hacer, tal como lo hicieron Macri y Menem, ambos iniciadores de los ciclos neoliberales más nefastos en Argentina en democracia. Pues, en unos pocos días de gobierno ya tomó medidas que van a contramano de lo prometido; una de ellas la de reducir impuestos a las empresas y aumentárselos a la mayoría de la población. Y tal como twitteó Gustavo Petro: “Entre las empresas que menciona Duque a las que esperan reducir los impuestos están las que exportan petróleo, carbón, oro y los bancos. ¿Creen de verdad que se necesita que las utilidades de los bancos crezcan aún más? ¿Acaso esas utilidades no son el dinero de quienes producen? Esa compensación incrementará los impuestos a la mayoría de la población.” Pero este no es el tema de esta segunda nota, aunque tiene mucho que ver.
No hay dudas de que si algo puede unir a los colombianos, sin distinción de clases sociales es la lucha contra la corrupción. Excepto, claro está, a los corruptos.
“Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo.” Dice Duque. Y sentencia: “…lo que queremos de una vez por todas es que Colombia, unida, lleve a la corrupción a una derrota total y contundente que se sienta en todo el territorio nacional.” Estandarte notable. Ojala se pudiera. En esto también se parece a Macri, claro que en Argentina, el régimen -a esta altura corresponde llamarlo así- se dedicó a perseguir a los supuestos corruptos de la oposición e hizo la vista gorda o protegió sin ambages a los innumerables y probados corruptos de sus filas, entre ellos él mismo. Basta con preguntar en Google ¿quién es el presidente más corrupto del mundo? y vean quien aparece. Y todavía tiene el tupé de acusar a otros y hablar de transparencia. Lo protege una prensa adicta y un poder judicial venal que se ocupa de perseguir opositores. Habría que ver en el caso de Duque como se comportan estos dos poderes.
Pero para introducirnos en el tema empezamos preguntándonos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? ¿cuál es el origen, cuales son sus causas? ¿es verdaderamente la corrupción el freno al desarrollo, el fin de la pobreza, el crecimiento económico o lo son las políticas que se implementan?
“Vamos a gobernar con transparencia, vamos a gobernar con eficacia y vamos a devolverle a los ciudadanos la esperanza de volver a creer en las instituciones y, bajo ninguna circunstancia, permitiremos que las mafias de la corruptela se sigan apoderando de la salud, de los recursos de las obras públicas, de la alimentación escolar. Seremos el gobierno que, como nunca antes en la historia de nuestro país, enfrente ese cáncer y lo doblegaremos, porque seremos un país unido en ese propósito.” Sigue diciendo Duque (Y otra vez nos acordamos de Macri).
Si bien en Colombia el grado de corrupción es elevado, no escapa a la situación de la mayoría de los países. Según Transparencia Internacional -que mide la percepción de corrupción y de dudosa imparcialidad ideológica y por lo tanto a tomar con pinzas- los dos tercios de países relevados en 2017 se encuentran con un puntaje inferior a 50, escala en la que 100 es corrupción cero. Colombia aparece junto a Brasil, Perú y otros países con un puntaje de 37. Primera aproximación al problema: la corrupción independientemente de quien gobierne, existe hasta en los países más desarrollados y por lo tanto es sistémica. En ese sentido adquiere significado un graffiti que se puede ver en algunas calles bogotanas: “la corrupción es el sistema”. Por lo tanto ya podemos afirmar que en tanto siga imperando la lógica de la maximización del beneficio privado, la concentración del capital y por lo tanto del poder económico, calzado además por una cultura edonista e individualista que cada vez se afirma más por los mecanismos de exacerbación del consumo suntuario, siempre habrá quienes quieran sobornar funcionarios y funcionarios que se dejen sobornar. Ni hablar cuando además entra en juego el poder económico y corruptor del narcotráfico que ha penetrado transversalmente todas las instituciones. Así funciona el sistema. Puede ser que los porcentajes del ingreso nacional que se desvían por causa de la corrupción sean mayores o menores pero no van a dejar ser una realidad. En épocas de Menem en la Argentina, Terence Todman embajador de EEUU se quejó ante el gobierno porque a la empresa Swift que quería instalar una nueva planta le exigían un “retorno” exagerado, muy por encima del que era habitual y “razonable” en su país. Es sabido que casi todas las empresas que contratan con el Estado o con instituciones, tienen calculados en sus presupuestos el porcentaje de coima aunque seguramente ninguna lo va a reconocer.
Según el diccionario de la Real Academia Española corrupción significa, entre otras acepciones, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Puede ser una depravación material, moral o simbólica. Esto sería como si quien promete algo que no va a cumplir o mentir sobre un daño que va a proporcionarle a alguien. Tal como algunas promesas de campaña de Duque (y una vez más nos acordamos de Macri). En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ilegítima fortuna.
Y nada más contradictorio con las promesas de transparencias que designar como nuevo Contralor General de la República a Carlos Felipe Córdoba, que agradeció su elección a Gaviria y Uribe y que tal como señaló Gustavo Petro: “El contralor nuevo es del gobierno. Así de simple y así de corrupto.” Un espejo de la Laura Alonso de Macri. También por estos días se ha puesto sobre el tapete los dudosos -y supuestamente corruptos- antecedentes del Ministro de Economía -nada menos- designado por Duque, Alberto Carrasquillas. Y si repasamos todo el gabinete, veremos que no hay uno que no sea representante del establecimiento, formados en los mayores reductos neoliberales de Colombia, los EEUU y Europa y que por lo tanto tienen un concepto de la corrupción muy particular: persiguen y condenan la mermelada o los deslices de los políticos pero consideran una práctica aceptable tener empresas offshore, evadir impuestos, lavar dineros de actividades non sanctas, llevar dobles contabilidades en las empresas, eludir aportes sociales, comprar jueces y funcionarios para litigar contra el estado, llevar adelante quiebras fraudulentas, cobrar intereses usurarios, etc. Todo lo que sea en defensa del sacrosanto capital y en perjuicio de la mayoría de la población y del Estado, que a juicio de estos “jugadores” del mercado, no debería existir sino para favorecer los negocios privados “motor del progreso y el bienestar de las sociedades”. Está claro por otra parte, que el capital ya no se realiza dentro de las fronteras nacionales sino a nivel global y por lo tanto esas prácticas de los capitalistas colombianos (mucho más de los argentinos) se ven favorecidas por la apertura de la economía (los TLC) y el movimiento mas fluido de los capitales ahora acelerado por las operaciones vía internet y la aparición de las monedas digitales.
¿Cuanto suma lo que los políticos y funcionarios venales llevan a sus bolsillos por coimas, o sobreprecios que se distraen de la obra pública, las compras del Estado o por la “mermelada” para la aprobación de alguna leyes a pedido? Según estimaciones de algunas fuentes (Contraloduría General, Procuraduría, Sociedad Colombiana de Economistas) la corrupción le cuesta al país entre 30 y 50 billones de pesos anuales, esto es entre 9.700 y 16.000 millones de dólares. Montos que servirían para, por ejemplo, atender los servicios de la deuda externa de la Nación y otras inversiones de alto impacto social. Y según la Procuraduría, estas cifras solo incluyen las pérdidas netas por contratos interrumpidos – los famosos “elefantes blancos”- y sirven para sustentar el desprestigio de políticos y funcionarios, en definitiva de la política, entre los ciudadanos, que en un 60% (encuesta anual del Barómetro de las Américas) creen que la corrupción está generalizada entre ellos. Pero los que quedan afuera de la estigmatización ciudadanas -como si eso fuera parte de la essentia empresaria – son los otros partícipes necesarios del hecho, los contratistas que ofrecen coimas de entre el 10 y el 25% de los valores de los contratos, según lo informa la propia Procuraduría.
Estas cifras son tremendas, porque son dineros del pueblo, que deberían volver al pueblo en obras y servicios, en salud, educación, vivienda, calidad de vida. No obstante aun en el supuesto de que Duque llevara adelante un gobierno de transparencia total, aun en el supuesto de que se alcance la corrupción cero – esta corrupción- , esos dineros no se volcarán para beneficio de los sectores populares en el marco de un gobierno neoliberal como el suyo. Simplemente porque el mercado no es un justo asignador de los ingresos. Es concentrador de la riqueza, donde imponen condiciones los más fuertes y dejan para los pobres, los excluidos, los asalariados, los niños, jóvenes y viejos, solo migajas, solo subsidios y ayuda social o el exterminio por hambre o enfermedades. Y para el país el sometimiento a las condiciones que impone el imperio, el neocolonialismo.
Porque la corrupción de “la politiquería y el clientelismo” es una parte -y no la más importante como veremos – de los recursos que el sistema le escamotea al desarrollo y la buena vida de los colombianos. Y de las sospechas de ese escamoteo quedan afuera de la consideración ciudadana los empresarios, los dueños del capital, los banqueros que tienen mejor prensa que los políticos. En ese sentido hay que poner en evidencia otras cifras: Según informa el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia el déficit de la balanza comercial solamente en el período enero-julio del 2018 fue de 3403,8 millones de dólares y el de la balanza de pagos -de acuerdo a lo que informa el Banco de la República- de 5.991 millones de dólares para el mismo período que, anualizados y sumados a la evasión impositiva que, según el diario especializado Portafolio, estaría en el orden de los 40 billones de pesos al año, prácticamente estaríamos duplicando los valores imputados a la señalada corrupción oficial. Ni hablar si se contabilizaran los montos en negro que se fugan a paraísos fiscales, donde tienen empresas offshore numerosos empresarios colombianos.
El déficit comercial -que se repite abultadamente desde hace casi un lustro- indica claramente que es más lo que se importa que lo que se exporta. Es producción y trabajo extranjero que se quita a los productores colombianos, es menos empleo, son recursos que se van y que no pueden ser invertidos en el país. Lo mismo indica el déficit en la balanza de pagos que, además del anterior, da cuenta de la remesas de utilidades de las empresas extranjeras, de pagos de deuda contraída que no siempre ha ido a parar a inversiones productivas. Es consecuencia de los TLC, de la apertura de la economía, del modelo extractivista, de su extranjerización y concentración, de la ausencia de protección a la producción y el empleo local. De las políticas neoliberales en definitiva.
En síntesis, Duque miente cuando dice lo que dice, porque va a perseguir a otros y no a los propios y porque, como dicen los graffitis: “la corrupción es el sistema”.

Alberto Hernández

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El peronismo y el campo popular, como César, frente a su Rubicón

0000549781El contundente triunfo del fascista y neoliberal Bolsonaro en Brasil que -aunque no está dicha la última palabra- es muy difícil de revertir en la segunda vuelta, espanta y debe servir de llamado de atención a las fuerzas populares, progresistas y democráticas de Latinoamérica. De erigirse en presidente del país más grande de Sudamérica, este Donald Trump sudaca, la derecha de la región se vería estimulada y fortalecida y los objetivos del imperio de recuperar el patio trasero, cada vez más cerca. Con él, con Macri en Argentina, con Piñera en Chile -orgulloso porque la bandera chilena está en el corazón de la norteamericana- con Duque en Colombia, el tránsfuga de Lenín Moreno en Ecuador, solo queda por liquidar los procesos revolucionarios en Venezuela y Bolivia, para lo que se están prestando solícitamente los gobiernos lambebotas mencionados, permitiendo inclusive aumentar la presencia militar norteamericana en la región. Lo que está en juego es mucho para nuestros pueblos: el dominio sobre nuestros recursos naturales, el petróleo, el agua, los minerales, los alimentos y la vida digna de las grandes mayorías. Lo que sigue de este drama, si no reaccionamos a tiempo y hacemos las cosas bien, es el dominio del gran capital por vaya a saber cuanto tiempo, ya no, bajo formas dictatoriales como antaño sino bajo una fachada democrática sustentada en una lobotomizada mayoría electoral. El gobierno de Macri en Argentina, ya mostró -y lo sigue haciendo- que es buen cipayo y en sintonía con esa estrategia imperial, pulverizó el estado de derecho, aceitó la represión a los movimientos sociales, puso el Estado a disposición de los intereses del gran capital y la soberanía nacional en un pulmotor. En cualquier “país serio” ya hubiera renunciado o estaría sometido a juicio político por corrupción y traición a la patria como se está impulsando desde varios sectores. Pero con el paraguas protector del grupo Clarín que desde sus páginas recrea un Truman Show criollo y una justicia cómplice, pueden seguir actuando con impunidad y todavía con una claque insana que los aplaude celebrando su propio martirio. Y si no avanzó más es porque en Argentina hay tradición y cultura de resistencia y a pesar de cierta dirigencia cegetista cómplice, los trabajadores están todos los días en la calle. Los movimientos de género en la calle, los usuarios en la calle, los ambientalistas en la calle, las víctimas del gatillo fácil en la calle, los que resisten la ofensiva contra los derechos humanos y la memoria histórica en la calle. Y ahí hay que estar. Resistiendo en la calle, en los barrios, en las fábricas. Esa es una condición. La otra, es construir la unidad política contra el neoliberalismo y por la democracia, para reventar en el 2019 todos los globos amarillos y que nunca más se vuelvan a inflar ni siquiera en un cumpleaños. Esa tarea insoslayable requiere de grandeza, de concesiones mutuas, de apertura mental, de postergar ambiciones personales y subordinar las contradicciones secundarias. En ese sentido esa unidad opositora puede que no se construya alrededor de la candidatura de Cristina, pero seguro que es imposible sin ella. Los pasos que está dando el PJ nacional bajo la conducción de Gioja van en ese sentido, en cambio los del Peronismo Federal, “peronismo perdonable” (por el gran capital) o “peronismo racional”, que mejor habría que llamar “peronismo cómplice”, apuntan a dividir el campo popular coadyuvando servilmente a la estrategia de los grupos de poder tal vez con la esperanza de lograr su bendición para suceder a un Macri ya gastado ante sus ojos.
En Córdoba, la muerte de De la Sota, deja a la provincia sin el máximo caudillo de los últimos años. Inútil y políticamente incorrecto es hoy discernir y debatir sobre los intereses que representó el dirigente y sobre su proyecto político. Tuvo voluntad y vocación de poder y construyó el más poderoso y eficaz aparato político de Córdoba desde 1999 a la fecha sustentado entre otras cosas por una estrecha relación con amplios sectores populares. Más allá de los vaivenes de sus posicionamientos políticos, en el último tiempo había marcado una postura contraria al macrismo y un acercamiento a CFK, con quien -aseguran algunas fuentes- habría celebrado un acuerdo para enfrentar en el 2019 a Cambiemos en el orden nacional, tomando distancia de la obsecuencia de Schiaretti. Y esta es la discusión que se abre dentro del peronismo cordobés.
En primer lugar es necesario comprender que los patitos se deben poner en fila a partir del objetivo de derrotar a Macri en el orden nacional, para lo cual la disputa política por el poder provincial es secundaria frente a ese objetivo. Y el armado político en Córdoba puede ser diferente al nacional, atento a que las elecciones podrían ser en tiempos distintos, pero debe contribuir a aquel objetivo. Esto pone en discusión la consigna reduccionista de que lo fundamental es la “unidad del peronismo”, que en realidad implica cerrar filas en el PJ. Pero si hay algo que ha mostrado la historia es que el Partido Justicialista, solo en ciertas y no todas felices circunstancias, ha representado la unidad del peronismo. Siempre ha habido expresiones por fuera que ponen en valor aquéllo de que una cosa es el movimiento y otra la herramienta electoral que es el PJ o en la provincia, su nombre de fantasía, Unión por Córdoba. Y si hiciera falta otra argumentación hay que recordar que el propio De la Sota empezó a construir su poder desde la Democracia Cristiana, que usó como personería para enfrentar al bercovichismo en 1986. En definitiva el peronismo cordobés deberá decidir si se suma siguiendo los pasos del voluble Acastello al peronismo cómplice de Schiaretti o si aporta a la construcción de un frente contra el neoliberalismo con el kirchnerismo y demás sectores populares y de esa forma generar condiciones para recuperar el PJ como herramienta para la liberación nacional y popular.
Parafraseando a Guillen, la hora no es de lágrima y pañuelo sino de machete en mano. No hay lugar para las especulaciones. Los pueblos de Latinoamérica, necesitan que en el 2019 nos saquemos esta lacra de encima.

Alberto Hernández

Para La Idea de Cruz del Eje (octubre 2018)

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