Los dineros electorales o la contabilidad paralela de la democracia

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La calidad de la democracia es inversamente proporcional a los dineros que insumen las campañas electorales. En la democracia liberal burguesa, la competencia electoral, que se dirime con campañas publicitarias que venden a los candidatos como si fueran mercancías y las agencias ponen en juego sus creatividades para encontrar los mejores eslóganes, requiere de fabulosas sumas de dinero. Quien logra disponer de más cantidad del vil metal es quien mayores posibilidades tiene de movilizar recursos que le permitan llegar a mayor cantidad de electores y convencerlos. Ya se sabe que son una minoría los que reparan en los programas y propuestas (que por experiencia, también se sabe son de ocasión en un alto porcentaje y si no, vayan de muestra las promesas de Macri). La mayoría vota en función de la experiencia que ha tenido con tal o cual gobierno, por simpatía ancestral con tal o cual partido (por la camiseta, aunque le pongan un burro de candidato) o por la persistente campaña publicitaria que le taladra el entendimiento. A estas características del sistema electoral hay que agregarle el no poco menos efectivo sistema de compra de votos, o el fraude, que también requiere sus dinerillos, o la logística necesaria para movilizar a candidatos y electores, llevar a cabo actos u otras acciones propagandísticas.
En nuestro sistema, una parte de ese dinero es puesta por el Estado, pero es un mínimo en el caso de las fuerzas más importantes. El grueso proviene de aportantes privados y es una

práctica común que se pida, en tiempos electorales, colaboraciones a las empresas que, por otra parte, ponen huevos en distintas canastas. Y aquí se inicia el camino de la corrupción, tan bien descripto por Horacio Verbitsky en su célebre “Robo para la corona”. Si bien en su libro se refiere específicamente al período del menemato, la tarea de “hacer caja” es parte de la maquiavélica lógica de que la política y la ética pertenecen a esferas diferentes del accionar humano, y que el fin del poder justifica los medios; la han llevado a cabo casi todos los gobiernos y en todas las jurisdicciones y es de práctica común en casi todos los países. Nadie puede hacerse el distraído de que los aportes que hacen las empresas privadas, luego deben devolverse en favores por parte del gobierno de turno. Obras públicas, concesiones de servicios, o en la ejecución de políticas que favorezcan los negocios de sus socios -como es evidente en el actual gobierno argentino y que notoriamente perjudican a los sectores populares-, son varias de las formas; ni hablar de cuando ese dinero proviene de actividades non sanctas. Y para engordar los ahorros para futuras campañas (“hacer caja” o “robar para la corona”) se promueven desde el estado negocios de todo tipo en los que es costumbre la existencia de retornos (coimas) que el grueso de las empresas ya tienen calculado en sus presupuestos (no solo Odebrecht). En el camino, algunos pícaros debitan, de la masa de “ahorro de la corona” presuntamente destinado para la política de sus organizaciones, algunos vueltos (“el que hace gárgaras algo traga” dicen que dijo un prócer del angelocismo cordobés) que sirven para mejorar su calidad de vida o financiar su personal carrera política. Todo eso se sabe o se sospecha. Y en buena medida es una de las razones por las cuales el común de la gente tiene una pésima opinión de los políticos (el 80% según últimas encuestas).
Pero esto no es solo patrimonio de Argentina. Ocurre en casi todos los países donde imperan formas mas o menos similiares de democracia demoliberal. Hay abundantes y conocidos casos de la forma de “hacer caja” en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España y muchos otros países, generalmente admirados por ser “ejemplares” democracias. Ni hablar de otros países como México, Colombia o Brasil, por citar algunos que marchan a la vanguardia en Latinoamérica, en esta materia.
Los aportantes truchos de Cambiemos, han puesto de nuevo en el tapete esta cuestión y de la forma más infamante, ya que al hecho de ocultar su procedencia, lo que induce a pensar que son de origen innombrable, como lavado de dinero del narcotráfico (al que se ha visto vinculado el gobierno en el caso de Varisco, intendente de Paraná) u otros, le agrega la usurpación de identidad al utilizar de involuntarios testaferros de dineros sucios a gente que por sus ingresos jamás podrían haber aportado esos fondos que necesitan para vivir. Como respuesta, desde el poder, los medios y jueces que les son fieles, salieron a poner evidencia que los otros tampoco son santos, como si eso sobreseyera su delito. Lo cierto es que es una práctica común y nadie, o casi nadie, ante una justicia electoral que mira para otro lado, cumple con la ley que prohíbe los aportes anónimos y de las empresas vinculadas con el estado y exige la rendición de cuentas de los gastos de campaña.
Ni aun declarando la identidad de los aportantes, la fuerza tiunfante estaría librada de devolver en políticas concretas o negocios, esas colaboraciones. Solo haría explícito que gobierna para tales empresas, o grupos de intereses (¡oh! ¡como está ocurriendo en la Argentina!) Ni hablar de que la formidable diferencia de recursos entre las fuerzas políticas hacen despareja la competencia electoral, donde las fuerzas menores y probablemente con mejores propuestas y programas no alcanzan a ser conocidas y bien apreciadas por los electores. No hay dudas de que con este sistema la democracia es limitada y siempre da ventajas a los que más tienen.
Inspirado en el sistema electoral cubano, tema que abordé hace diez años en un artículo titulado Cuba, la mejor democracia del mundo – sí democracia- , concluyo en que una forma de aumentar la calidad de la nuestra, sería que el estado se haga cargo de todo el costo de las campañas, prohibiendo el aporte de particulares, lo que sería menos oneroso y gravoso para los ciudadanos; los fondos sean distribuidos en partes iguales entre todas las fuerzas que compitan electoralmente; que se instrumente el sistema de boleta única, la publicidad se limite a la difusión de las propuestas y programas y se termine con el curro de los Durán Barba y las agencias publicitarias. ¡y guay del que gaste más de lo adjudicado! Claro que debería haber una justicia electoral que sea estricta en ese control y condenas severas para quienes no cumplan. De esa forma se evitarían con este fin los aportantes truchos de Macri, Vidal, Ocaña y compañía, el lavado de dinero y los compromisos espúreos.
Aunque en estos casos las representaciones políticas, más allá de las diferencias de proyectos o hasta ideológicas, han tenido hasta aquí la tendencia a actuar corporativamente -entre bomberos no se pisan la manguera-, un nuevo ciclo nacional y popular deberá abordar esa transformación que, al decir del Vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, “irradie un nuevo sentido común revolucionario, un nuevo esquema espiritual que nos permita ordenar ética y lógicamente el mundo”(1).

Y aunque la evaporación, por esta causa, de estos dineros públicos no son determinantes para la vida de los ciudadanos, como sí lo son los intereses que se benefician con los actos de gobierno, sin ese pilar de la ética- único fundamentalismo imprescindible-cualquier gobierno que lleve a cabo políticas transformadoras y favorables a los sectores populares, estará expuesto a la sospecha y la repulsa ciudadana acicateada por los sectores del privilegio que se sienten amenazados.

Alberto Hernández

(1) Álvaro García Linera. Clausura del décimo encuentro de intelectuales en Caracas, Venezuela. Diciembre de 2014

En versión reducida para La Idea de Cruz del Eje del mes de Agosto/2018

Acerca de Alberto Hernández

Militante popular. Ex dirigente político y sindical, ex concejal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Periodista y escritor grado 4 en la escala Mercalli. Sueño con un mundo sin guerras, sin explotados ni explotadores donde el hombre no sea lobo del hombre.
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