Colombia: la lawfare contra Petro

Petro

La Corte Constitucional de Colombia decidió que son pertinentes en el caso de Gustavo Petro dos leyes del 2000 y 2002 que impiden que personas con condenas fiscales puedan acceder a funciones públicas. Por su parte el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro, que tiene dos condenas -suspendidas por medidas cautelares- por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital, reaccionó denunciando la intencionalidad política de esos fallos: “Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo ocho millones de votos y casi llega a la presidencia”.
Al igual que las persecuciones a Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, la derecha continental utiliza a una justicia aliada de las clases dominantes para sacar del medio a quienes pueden disputarle el poder. Ya no apelan a los golpes militares para defender sus privilegios de clase sino a una sociedad entre la justicia, medios de comunicación -los servicios del big data- y poder económico y religioso. El resultado es la democracia deshilachada, los pueblos explotados y empobrecidos y los países sometidos a la estrategia geopolítica del gran emperador del norte.
No está mal y es loable que personas condenadas por delitos contra el estado no puedan ejercer cargos públicos. Así debería ser también en Argentina -y en todo el mundo- donde por esta razón Mauricio Macri no debería haber asumido la presidencia del país con sus

214 causas acumuladas cuando fue titular del gobierno de Buenos Aires y desde antes. Y como dice la magistrada Gloria Ortiz, ponente del “caso Petro”, “se deben mantener esas inhabilidades como una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la mala administración pública.”
Pero en el caso de Gustavo Petro, principal referente de la oposición al gobierno neoliberal de Iván Duque, la persecución empieza en tiempos de su alcaldía, por condenar políticas públicas que desde la óptica de la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación, causaron perjuicios patrimoniales al Estado. Una de esas decisiones -y están en curso varias más de la misma índole- por las cuales se lo condena a pagar multimillonaria multa -impagable- y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro, tiene que ver con la estatización de una parte del servicio de recolección de residuos a menores costos operativos, sacándole el millonario negocio a un oligopolio privado que desde hacía más de una década eran parte de lo que se dio en llamar “el carrousel de la basura”. Uno de los socios de esa entente mafiosa era William Vélez Sierra uno de los empresarios más ricos y poderosos de Colombia, ligado al paramilitarismo (1) y uno de los principales aportantes a la campaña de Alvaro Uribe del cual es íntimo amigo. En este caso la Procuraduría advirtió que el alcalde de Bogotá había vulnerado el sacrosanto principio del capitalismo de “libertad de empresa y libre competencia”(2).
El otro caso por el cual ha sido condenado es “por no subir los pasajes de Transmilenio” generando un perjuicio patrimonial a la empresa. De más está decir que esa medida redundó en beneficios a los usuarios que bastante mal e inseguros todavía viajan. Lo que es ineludible decir para poner en claro los intereses que se juegan, es que el 95% de las acciones de esta sociedad anónima es propiedad de veinte familias de Colombia -ligadas en su mayoría al uribismo- y solo un 5% del Estado y seguramente tal decisión impactó sobre las utilidades de los particulares que han tenido ganancias fabulosas en su vida operativa y que son buenos para extraer beneficios pero dejan toda la carga de las inversiones al Estado (3). Esta medida de Petro que se corresponde con la concepción de que el transporte público es un servicio y un derecho y no un negocio, está avalada en casi todos los países del mundo -incluyendo el más privatista, EEUU- que subsidian el sistema de transporte. Este servicio, el de la basura y otros que tienen que ver con la calidad de vida de la población y con el funcionamiento sustentable de la ciudad, no pueden calificarse con la vara de la ganancia empresaria sino por la rentabilidad social y de la economía en su conjunto y deben ser sostenidos por la sociedad y especialmente por los que mas tienen.
Evidentemente se trata de dos concepciones diferentes del Estado y su rol, que para la ortodoxia económica debe ser subsidiario y favorecer los negocios privados que consideran motor de la economía. Para ellos toda inversión social o intervención del Estado en la economía es considerada gasto superfluo y por ende violación de los deberes de funcionario público, mala administración, es decir delito.
¿Pero quienes son los que llevaron adelante y caras visibles de esas acusaciones?: Uno es Alejandro Ordóñez Maldonado, designado hace dos meses por Ivan Duque como embajador de Colombia ante la OEA, antiabortista fundamentalista, opositor al matrimonio igualitario, impulsor de una iniciativa para que en los colegios se restringieran las manifestaciones de afectos, como abrazos, besos o caricias y aficionado a la tauromaquía. Ya tiene varios antecedentes de producir fallos persecutorios con fundamentos políticos, uno de ellos contra Piedad Córdoba, entonces senadora. En 2013 el ultramontano Procurador, por el tema de la basura, destituyó a Petro de la Alcaldía de Bogotá y lo condenó a 18 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, hecho que fue ratificado por Juan Manuel Santos ordenando su destitución a pesar del requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente la movilización popular y el Tribunal Superior de Bogotá lo devolvieron a la Alcaldía. El otro es Juan Carlos Granados Becerra, hoy investigado por corrupción y hombre de Germán Vargas Lleras devenido uribista. Es indudable la sociedad política de estos personajes con las clases dominantes colombianas y los adversarios políticos de Petro y por ende es legítima la sospecha sobre la intencionalidad de sus fallos. Esos son los mecanismos que ahora utilizan para desembarazarse de quienes pueden cuestionar su poder y perjudicar sus negocios. Buena parte de los jueces se ponen a su servicio y con total impunidad producen fallos ostensiblemente parciales y reñidos con los procedimientos judiciales, como sucede en Argentina, donde no se los ve obrar con tanta diligencia respecto a las muchas causas, con contundentes pruebas, que pesan sobre los funcionarios del gobierno macrista. Y al igual que en Brasil donde el juez Moro será ministro de Bolsonaro, los premian por haber realizado la tarea sucia con ministerios o embajadas como en el caso de Ordóñez.
Uno de los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice que la ‘muerte política’ solo podría proceder tras una condena penal. Esto significa que el derecho a ser elegido no podría ser limitado por autoridades administrativas (como la Contraloría o la Procuraduría), pero poco caso le hace la justicia colombiana a los mandatos de los organismos supranacionales, aunque estos configuren obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales suscriptos. De igual modo procedió la justicia jujeña en Argentina -y la Corte Suprema mirando para otro lado- con la ilegal detención de Milagro Sala, primer preso político del régimen de los globos amarillos. La justicia siempre tuvo algo levantada la venda para poder espiar si el que recurre a ella es rico o pobre y como decía Fierro: ” La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos”. Ahora es algo más que eso, ya se sacó la venda y ha pasado a ser una pata fundamental que hoy tienen las clases dominantes para seguir sosteniendo sus privilegios encubriendo sus delitos y persiguiendo descaradamente a sus opositores.
Las medidas, aunque apeladas por Gustavo Petro, penden sobre su cabeza y más lo harán en tanto tenga cada vez más posibilidades de disputar la presidencia dentro de cuatro años. Como él mismo lo denuncia, no van por su curul en el senado sino para cerrarle el camino hacia la Casa de Nariño. Cuando fue destituido como Alcalde de Bogotá, el referente de la Colombia Humana, apeló a la movilización popular, fundamental para su restitución en el cargo; ahora vuelve a hacerlo con la consigna #LaCurulDePetroEsMiCurul. Y ese es el camino. Tanto en Colombia, como en Brasil o Argentina, el protagonismo popular, la organización y la movilización – tal como hoy lo están haciendo los estudiantes en defensa de la educación publica colombiana- son y serán fundamentales para resistir las políticas neoliberales y retomar el camino hacia la construcción de sociedades más justas, solidarias y con verdaderas democracias.

Alberto Hernández

(1) El Pulso HN

(2)Las 2 Orillas

(3)Desde Abajo

Acerca de Alberto Hernández

Militante popular. Ex dirigente político y sindical, ex concejal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Periodista y escritor grado 4 en la escala Mercalli. Sueño con un mundo sin guerras, sin explotados ni explotadores donde el hombre no sea lobo del hombre.
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