Colombia: los muertos de la paz y la vuelta a las armas.

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Hoy los medios colombianos y todo el arco político duqueuribista braman y destilan odio guerrerista por el regreso a la lucha armadas del sector de las FARC liderados por Ivan Márquez y Jesus Santrich. Chorrean babas de sangre, embriagados por la oportunidad de exterminio que les da esta situación. Exterminio que han querido llevar a cabo inútilmente en los sesenta años de existencia de la guerrilla bajo el pretexto de pacificar el país y que solo ha dejado más muerte, la ocupación permanente de las fuerzas militares norteamericanas en el territorio colombiano y la pérdida de la soberanía judicial. Solo el proceso de paz iniciado por el gobierno de Santos refrendado por los acuerdos de la Habana ha dado pasos firmes en la búsqueda de la paz. Paz que solo puede ser negociada, con concesiones de ambas partes y reconociendo su carácter de situación excepcional desde el punto de vista político e institucional. Ese carácter de excepción se expresa en la Justicia Especial para la Paz (JEP) que tiene rango constitucional y es respaldada por todos los organismos internacionales y tiene como objetivo juzgar en base a los acuerdos celebrados, a todos los actores de la guerra y no solo a los grupos guerrilleros y dar respuestas a las víctimas del conflicto y a todo el pueblo colombiano. Sobre este punto hay que decir que las fuerzas militares y paramilitares promovidas y organizadas por el uribismo han sido causantes de tantos asesinatos que dejan chiquitas las muertes de la guerrilla. Un informe del ex

coronel de la policía nacional Omar Rojas, dado a publicidad el año pasado, revela que durante las presidencias de Alvaro Uribe, el ejército colombiano, de los 16.724 “asesinatos de combate” que informaron, aproximadamente 10.000 fueron civiles y 4.780 fueron los famosos “falsos positivos” que actualmente investiga la JEP. Según Rojas, “En las 180 unidades militares que se distribuyen en el país, las personas uniformadas se sentarían para determinar dónde se simularía el combate, de dónde vendrían los niños que serían asesinados, quién ejecutaría el crimen y de dónde provendría el presupuesto para la compra de armas, municiones, panfletos y computadoras. Las víctimas eran principalmente «jóvenes, trabajadores, desempleados, niños discapacitados». Sin embargo, la investigación también encontró que «soldados, policías, clérigos y un extranjero» fueron asesinados para inflar las estadísticas militares”
Por estas responsabilidades que se atribuyen a los mandos militares y las causas abiertas a Uribe por el paramilitarismo y la corrupción es que desde los inicios del gobierno de Duque, se ha pretendido desconocer primero los acuerdos celebrados en la Habana y luego boicotearlos, desplegando una verborragia de guerra y venganza y dejando librados a sus suerte a líderes sociales y ex guerrillero desmovilizados. Algunas estadísticas consignan 210 asesinatos desde que asumió Duque y 109 este año y son 150 los ex guerrilleros asesinados por sicarios desde la fima de los acuerdos de paz. Casi un muerto dia de por medio. Si contabilizamos ese espíritu de muerte del uribismo y la persecución de una justicia colonizada y dependiente del poder político que quería extraditar a Santrich a los EEUU a pesar de que la JEP lo dejó en libertad y así pudo volver a ocupar su banca, es razonable que el ahora nuevamente guerrillero se hubiera querido proteger pasando a la clandestinidad, tal como lo había hecho antes Ivan Marquez que nunca asumió como congresista. Lo que no parece políticamente correcto y que ha sido cuestionado hasta por sus propios ex compañeros del partido de las Farc y muchos ex combatientes desmovilizados, es haber desafiado el proceso de paz volviendo a la lucha armada.
A pesar de este paso erróneo, produjeron un formidable manifiesto titulado “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer” y con un lenguaje casi poético -quasi zapatista- reividican “el derecho universal que asiste a todos los pueblos a levantarse en armas contra la opresión” en “respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de la Habana”. Leer el manifiesto completo aquí.
Afirman que “…continuarán con el legado de Manuel (Marulanda) y Bolivar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social” , que habrá una “Nueva Modalidad Operativa” y que “No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase” sino que el objetivo “…será la oligarquía (…) excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atracando la puerta del futuro de un país (…) manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra”
En otro tramo de la declaración reivindica a militares y policías que después de la firma de los acuerdos de paz “…no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos, del asesinato de líderes sociales y de excombatientes. No quieren seguir siendo cómplices del paramilitarismo, del desplazamiento forzoso, del inhumano despojo de tierras y de las políticas económicas que victimizaron a millones de colombianos” y que “…la gran mayoría se distancia de la absurda idea de ser cipayos de Washington en una guerra injusta contra Venezuela”
Prometen que será una “guerrilla protectora del medio ambiente, de la selva, de los ríos, de la fauna” y que no dejarán de “…alentar el esfuerzo mundial de la razón por detener el cambio climático” y prometen una “…férrea oposición al fracking que contamina nuestras aguas subterráneas”. Más adelanten declaran que su “objetivo estratégico es la paz de Colombia, con justicia social, democracia, soberanía y decoro (…) paz (para todos) con alimento, empleo, agua, techo, salud, educación, vías, mercadeo, conectividad, recreación y la más amplia democracia”
Luego hace una enumeración de las “traiciones a los acuerdos y las esperanzas de paz” en la historia de Colombia, que puede ser un calco de la ocurrida en casi todos los países latinoamericanos desde los movimientos independentistas hasta hoy pergeñados por las oligarquías locales y alentadas por los imperialismos angloamericanos. “En 1782, tras firmar un acuerdo con la corona española que prometía el fin de la opresión, el guerrillero comunero, José Antonio Galán, terminó traicionado, arrestado y descuartizado vivo” luego menciona la traición de Santander que intentó con el apoyo de los EEUU asesinar a Bolívar. Francisco de Paula Santander “…condecoró con la Cruz de Boyacá a los asesinos del mariscal Antonio José de Sucre (…) es el héroe de la oligarquía colombiana y es su paradigma; no es el héroe de su pueblo”. En la larga lista de asesinados por esa “oligarquía santanderista” cuentan a Jorge Eliécer Gaitán, Guadalupe Salcedo – en los años 50- y Jacobo Prías, en los ’60. Prosigen pasando revista: “Después de firmar el acuerdo de paz con la guerrilla del M-19, en los años 80, el Estado fue matando, uno a uno, a sus principales comandantes, los compañeros Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad y Carlos Pizarro Leongómez” y ” más de 5 mil militantes de la UP”.
Historia de traiciones como en Argentina desde 1810 a la fecha. Los Santander argentinos se pueden identificar en los asesinos de Moreno a poco de iniciado el proceso revolucionario, a Juan Martín de Pueyrredon, que desfinanció la campaña libertadora de San Martín, que convocó a Belgrano a embarcarse en luchas fraticidas contra Artigas y de la mano de los imperios portugués e inglés: Rivadavia, Mitre, Roca son alguno de los nombres del cipayismo argentino y próceres de la oligarquía que recurrentemente vuelve a querer imponer su modelo de exclusión y entrega. Lo intentaron a través de dictaduras sangrientas prohijadas por el imperio en varios países de la región y reptando babeantes y sumisos sometieron a nuestros pueblos a resignarse a ser habitantes del patio trasero de los EEUU. Todavía quedan los Piñera, Bolsonaro, el trásfuga de Lenin Moreno,el duqueuribismo en Colombia y Macri en Argentina que ya se va y es de esperar para la esperanza de los pueblos de este subcontinente castigado que nunca más vuelvan.
Tenemos historias comunes en latinoamérica. También tienen sus oligarquías traidoras a las gestas libertadoras, Brasil, Chile, Peru, Ecuador y demás. Ninguno estuvo hasta el presente excento. Por eso este manifiesto es potente, aleccionador y no pueden ser ignorados los principios y modelos que proclama por ninguna de las fuerzas nacionales y populares, progresistas o revolucionarias del subcontinente, porque en ella se identifica con absoluta claridad quien es el enemigo, quien está de cada lado de la grieta social, y qué intereses hay que defender.
Prosiguen en una descarnada exégesis sobre la nefasta figura de Francisco de Paula Santander, héroe paradigmático de la oligarquía vernácula, y plantean en oposición “una nueva maneras de hacer política” que termine con “..el arte de robar y de embaucar (…) para beneficiar a la gran empresa, al capital y a ellos mismos”. Asimismo, son contundentes al cuestionar el accionar de la justicia. Se refieren a los “magistrados venales” que por otra parte abundan en Argentina, Brasil, Ecuador y que como disciplinados soldados de los dueños del poder hacen el “Lawfare” a los políticos opositores, persiguiéndolos difamándolos -con el concierto de la prensa hegemónica- y encarcelándolos. Ya no hacen falta las armas, ni los golpes militares. Así desplazaron del gobierno a Dilma y encarcelaron a Lula en Brasil, persiguieron a Cristina en Argentina a Correa en Ecuador y le hacen la vida a cuadritos a Petro en Colombia.
“El Estado- sentencian- ha sido secuestrado por los forajidos y la mafia de la corrupción y la impunidad -cualquier parecido con Argentina o Brasil no es pura coincidencia- Liberarlo está en manos de la movilización de las conciencias, de la nación en masa, del pueblo unido. Esa es la fuerza que puede” Y tienen razón.
Finalmente hacen un llamado a un Acuerdo Político Nacional – parte de los incumplimientos del compromiso contraído en los Acuerdos de Paz de la Habana- para iniciar un Proceso Constituyente Abierto que institucionalice los cambios y hacen un llamado a sumar fuerzas a “los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los negros, los indios, los transportadores, los gremios, los partidos políticos, las centrales obreras, los desempleados, los cristianos e integrantes de otros credos religiosos, los ambientalistas, los deportistas, el movimiento comunal, el arco iris LGTBI, los que sueñan con la paz todos y todas” para ” conquistar el objetivo de un nuevo país, de un nuevo orden social, con una economía al servicio de la nación, que regida por principios de humanidad estimule la producción interna y el empleo. Que asuma la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, como la primera necesidad de la República. Una política internacional de paz que retome la idea de Bolivar, de conformar en este hemisferio una Gran Nación de Repúblicas hermanas que garantice nuestra independencia y libertad, Un nuevo orden que al proclamar la soberanía patria proscriba la extradición de nacionales, el libre albedrío de las multinacionales y la presencia de bases militares extranjeras en el territorio”
Un claro y contundente mensaje antiimperialista, antioligárquico, nacional y popular, democrático, humanista e integrador, que lamentablemente pierde buena parte de su peso específico y credibilidad al ser enunciado como sustento del retorno a un accionar guerrillero sexagenario, sin justificación histórica, impotente para alcanzar su pretensión liberadora, sospechado de contubernios con el narcotráfico, de atentar contra los derechos humanos y sin ninguna base popular, tal como lo demostraron las últimas elecciones donde no superaron el 1% de los sufragios.
¡A retomar el camino de la paz, apostando a la movilización popular aunque haya que dejar muertos en el camino para lograrla!

Alberto Hernández

Acerca de Alberto Hernández

Militante popular. Ex dirigente político y sindical, ex concejal de la ciudad de Córdoba, Argentina. Periodista y escritor grado 4 en la escala Mercalli. Sueño con un mundo sin guerras, sin explotados ni explotadores donde el hombre no sea lobo del hombre.
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